Rompe Armarios

. .Hace un año que a Íñigo López le diagnosticaron VIH. Sus defensas aún no están en el límite y los médicos consideraron que por el momento no necesitaba medicación. Sin embargo, sí precisa seguimiento médico. Y muchas pruebas. Ayer, en una de esas visitas a un ambulatorio de Ibiza, donde vive, el Servicio de Salud de Baleares le dijo que solo tenía derecho a la atención sanitaria de urgencias. López, en paro desde hace más de un año, ha agotado la prestación por desempleo y por lo tanto su derecho a la asistencia sanitaria gratuita. No tiene recursos. Hace un mes solicitó una nueva tarjeta sanitaria. A pesar de que la administración balear aún no le ha contestado -tampoco le dice si puede acogerse a la asistencia para personas sin recursos- le niega las consultas médicas y las pruebas. "Tengo miedo de necesitar asistencia y quedar en desamparo", lamenta.

Salud rechaza que deje de asistir a ciudadanos si están empadronados

Un portavoz del Servicio de Salud negó que un caso como el que relata López haya podido ocurrir. "Si está empadronado y no es un desplazado debe tener acceso", dijo. La Consejería de Sanidad de la comunidad también rechazó que personas en la situación de este hombre de 40 años estén siendo discriminadas.

Pero este vasco que vive desde hace unos meses en Ibiza se empadronó en la isla hace ya tres semanas. "Lo hice precisamente para poder ir con normalidad al médico. No puedo permitirme estar cogiendo el avión a Madrid, donde vivía antes, cada dos por tres. Ni económicamente ni por salud", dice López, que ha trabajado durante años como supervisor clínico. Fue al solicitar la nueva tarjeta cuando le dijeron que al agotar la prestación no tenía derecho a la asistencia sanitaria, explica.

Lo constató el lunes, cuando le negaron el acceso a una prueba médica que tenía prescrita. Entonces reclamó al servicio de atención al usuario. Allí, cuenta, le dijeron que como persona sin recuros sí tenía derecho a la asistencia sanitaria, que llamarían al centro de salud y que volviera para hacerse las pruebas. "Acudí, hablé con el médico que se hizo cargo de la situación y me atendió sin problemas. Me hicieron las pruebas y me dijeron que pasara a por los resultados", relata. Sin embargo, al pedir la cita para los próximos exámenes, el personal del ambulatorio le insistió en que solo tiene derecho a la asistencia de urgencias, como plasmaron en gruesas letras rojas en su solicitud de renovación de tarjeta.

"¿Qué pasa entonces con las pruebas que tengo que hacerme? Tengo miedo de que empiece a necesitar el tratamiento farmacológico y no se hagan cargo de él. Lo necesito para vivir y no puedo afrontar su coste que puede alcanzar los 500 euros al mes", explica.

La de López no es una situación única. Tampoco exclusiva de Baleares. Alrededor de 200.000 personas permanecen sin paraguas sanitario en España: parados de larga duración a los que se les ha agotado la prestación, personas que nunca cotizaron o afiliados a colegios profesionales no gozan de la asistencia sanitaria gratuita. Esta realidad cambiará el 1 de enero, cuando la Ley General de Salud Pública haga definitivamente universal la sanidad. Pero hasta entonces, las rendijas legales y la crisis hacen que situaciones como las de este vasco estén proliferando