La síndica propone un registro estatal de parejas de hecho ante la supresión del municipal

Barcelona| 29/02/2012 - 12:32h

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpción Vilà, se ha mostrado este miércoles preocupada por la "precipitada y rápida" supresión del Registro Municipal de Uniones Civiles porque, según ella, puede suponer una regresión y un perjuicio en los derechos de los vecinos, especialmente entre los extranjeros extracomunitarios, ha informado en un comunicado.

Ante ello, recomienda al Ayuntamiento que haga llegar al Gobierno la necesidad de crear un registro público estatal administrativo de parejas vinculado al padrón o que promueva la modificación de la Ley del Registro Civil estatal para que recoja la situación de vida familiar en pareja de hecho, y recuerda que los registros públicos con eficacia civil son de competencia exclusiva del Gobierno.

La supresión se hizo efectiva a finales de diciembre tras desestimarse cerca de una decena de alegaciones, entre las cuales las del Front d' Alliberament Gai de Catalunya (Fagc), y había funcionado desde el 1994, dando cobertura a las uniones de homosexuales cuando no podían casarse.

En 17 años se han inscrito más de 8.000 parejas, y el consistorio ha defendido eliminarlo porque considera que no tiene razón de ser con la entrada en vigor en enero de la ley 25/2010 del Libro Segundo del Código Civil de Catalunya, que regula la pareja estable.

Esta ley no prevé un sistema registral para la constitución de las uniones estables ni para su acreditación, de forma que considera pareja estable a quienes han estado conviviendo más de dos años ininterrumpidos, lo que se acredita con el padrón; si durante su convivencia tienen un hijo en común, o si formalizan la relación es escritura pública.

DERECHOS DE EXTRACOMUNITARIOS

En los últimos días, la síndica ha recibido unas seis quejas de ciudadanos contrarios a la decisión municipal de hacer desaparecer el registro, y cree que supone una restricción de los derechos de residencia en la Unión Europea a las parejas de hecho en las cuales al menos uno de sus miembros es extracomunitario.

Según ella, sobre este registro municipal, aceptado por la legislación española y europea, no hay ninguna alternativa de registro válido ni a nivel estatal ni catalán que sirva a los extracomunitarios para certificar su situación civil.

Además, una sentencia del Tribunal Supremo del 1 de junio del 2010 reconoció la validez de diferentes registros de parejas estables existentes en varias comunidades autónomas y municipios para certificar la condición de los extracomunitarios ante Extranjería.

Más allá del tema de extranjería, la síndica valora como aspectos negativos de la supresión la diferenciación entre parejas que hayan contraído matrimonio y las uniones estables de parejas análogas a las matrimoniales, ya que las primeras constarán en un registro público y, las segundas, no.

La desaparición hace que las parejas que utilizaban el registro para acceder a determinados servicios o prestaciones --como la pensión de viudedad-- ahora deban demostrar su situación civil a través de medios más laboriosos, como una acta notarial, siendo un problema para las economías más débiles y un agravio en relación a otros municipios con registro.

En suma, Vilà reconoce que la decisión del Ayuntamiento es ajustada a derecho, pero su celeridad ha obviado el debate social, y ha agregado que avala combatir el fraude detectado en algunos registros, lo que cree que no se soluciona con su eliminación